La contratación de personas con discapacidad cayó un 30% durante 2020, según anunció la secretaria general de Inserta Empleo y directora adjunta de Formación, Empleo y Transformación de Fundación ONCE, Virginia Carcedo, en la presentación del Informe 6 del Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo (Odismet) de la fundación.
Carcedo destacó que el impacto de la pandemia de Covid-19 en 2020 ha supuesto el final de siete años de mejora continua en el empleo de personas con discapacidad. Para Luis Enrique Quifez, coordinador de Odismet, «la mala noticia es que la destrucción (de empleo) continúa en el primer trimestre de 2021».
La contratación acogida a la fórmula especial para personas con discapacidad –que en 2020 ya cayó un 26,4%– volvió a retroceder en el primer trimestre de este año, con un descenso del 14,9%. «Desde luego que esta fórmula no incluye a todos los trabajadores con discapacidad (fue del 24% en 2020), pero significa que la recuperación aún no ha llegado. Esperemos que, a lo largo de 2021, con el avance de la vacunación, se empiece a notar», declaró Quifez.
A su juicio, la crisis que ha provocado la pandemia «ha impactado con dureza en toda la población, siendo las personas con discapacidad han salido peor paradas que la media». En 2020, solo una de cada cuatro tenía trabajo y la tasa de pobreza o de riesgo de exclusión ascendía al 32,5% entre el colectivo. Son más de 7 puntos porcentuales por encima de la media de la población general.
DIFERENCIAS
En conjunto, la tasa de empleo del colectivo ascendía al 25,9%, frente al 66,9% de la media española. Son 41 puntos porcentuales de diferencia, apuntó Quifez. Según los últimos datos disponibles, en 2020 había un total de 1.876.900 personas con discapacidad entre los 16 y los 64 años, lo que representa un 6,2% del conjunto de la fuerza laboral en España.
De ellas, 1.238.400 son inactivas desde el punto de vista laboral (la incapacidad permanente es la razón de dicha inactividad en el 61,2% de los casos). Esto implica que la tasa de actividad entre el colectivo es aún muy reducida, en concreto, 43 puntos inferior a la media nacional.
Por otro lado, Quifez advirtió de que la brecha salarial de género también afecta a las mujeres con discapacidad en mayor medida, ya que perciben un salario bruto anual medio de 17.949,2 euros, frente a los 21.338,8 de los varones con discapacidad
En cuanto a la tasa de paro de las personas con discapacidad en 2020, esta alcanzaba al 23,9%, frente al 14,2% de las personas sin discapacidad. La diferencia, por tanto, es de 10 puntos porcentuales. Asimismo, el informe señala que hay 79.523 personas con discapacidad paradas de larga duración, que representan el 53,7% del total de desempleados. El paro de larga duración afecta en mayor medida a las mujeres, los mayores de 45 años y a aquellas personas sin formación o con estudios primarios.
PRECARIEDAD
En 2020 se realizaron 354.991 contratos a personas con discapacidad, lo que representa el 1,6% del total de la contratación en dicho ejercicio. Son 100.000 contratos menos que en 2019. Asimismo, se acentúa la precariedad y la inestabilidad del empleo de las personas con discapacidad y, tal y como recoge el informe, de los contratos ratificados en 2020, solo el 9,9% tenían carácter indefinido. A ello se une un índice de rotación del 2,25 y advirtió que se han registrado un total de 1.629 personas que fueron contratadas hasta 15 veces en el mismo ejercicio.
A su vez, el salario medio anual bruto de las personas con discapacidad es de 19.946,2 euros, un 17,3% menos que la población general. Desde 2010, ese salario se ha visto reducido en 607 euros, situación que no se reproduce en la población general, donde el incremento salarial es tenue pero constante.
Otro dato negativo que destaca el informe tiene que ver con la inestabilidad laboral del colectivo, que alcanza al 34%, frente al 8,9% en el conjunto de la población. Según Quifez, estas circunstancias suponen que el 32,5% de las personas con discapacidad vivan en riesgo de pobreza o exclusión social. Incluso entre aquellos que tienen empleo, dicho riesgo se sitúa en el 20,5% y hay 10.500 personas en situación de pluriempleo, que «deben compaginar varios trabajos para mantenerse», apostilló.
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La contratación de personas con discapacidad cayó un 30% durante 2020, según anunció la secretaria general de Inserta Empleo y directora adjunta de Formación, Empleo y Transformación de Fundación ONCE, Virginia Carcedo, en la presentación del Informe 6 del Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo (Odismet) de la fundación.
Carcedo destacó que el impacto de la pandemia de Covid-19 en 2020 ha supuesto el final de siete años de mejora continua en el empleo de personas con discapacidad. Para Luis Enrique Quifez, coordinador de Odismet, «la mala noticia es que la destrucción (de empleo) continúa en el primer trimestre de 2021».
La contratación acogida a la fórmula especial para personas con discapacidad –que en 2020 ya cayó un 26,4%– volvió a retroceder en el primer trimestre de este año, con un descenso del 14,9%. «Desde luego que esta fórmula no incluye a todos los trabajadores con discapacidad (fue del 24% en 2020), pero significa que la recuperación aún no ha llegado. Esperemos que, a lo largo de 2021, con el avance de la vacunación, se empiece a notar», declaró Quifez.
A su juicio, la crisis que ha provocado la pandemia «ha impactado con dureza en toda la población, siendo las personas con discapacidad han salido peor paradas que la media». En 2020, solo una de cada cuatro tenía trabajo y la tasa de pobreza o de riesgo de exclusión ascendía al 32,5% entre el colectivo. Son más de 7 puntos porcentuales por encima de la media de la población general.
DIFERENCIAS
En conjunto, la tasa de empleo del colectivo ascendía al 25,9%, frente al 66,9% de la media española. Son 41 puntos porcentuales de diferencia, apuntó Quifez. Según los últimos datos disponibles, en 2020 había un total de 1.876.900 personas con discapacidad entre los 16 y los 64 años, lo que representa un 6,2% del conjunto de la fuerza laboral en España.
De ellas, 1.238.400 son inactivas desde el punto de vista laboral (la incapacidad permanente es la razón de dicha inactividad en el 61,2% de los casos). Esto implica que la tasa de actividad entre el colectivo es aún muy reducida, en concreto, 43 puntos inferior a la media nacional.
Por otro lado, Quifez advirtió de que la brecha salarial de género también afecta a las mujeres con discapacidad en mayor medida, ya que perciben un salario bruto anual medio de 17.949,2 euros, frente a los 21.338,8 de los varones con discapacidad
En cuanto a la tasa de paro de las personas con discapacidad en 2020, esta alcanzaba al 23,9%, frente al 14,2% de las personas sin discapacidad. La diferencia, por tanto, es de 10 puntos porcentuales. Asimismo, el informe señala que hay 79.523 personas con discapacidad paradas de larga duración, que representan el 53,7% del total de desempleados. El paro de larga duración afecta en mayor medida a las mujeres, los mayores de 45 años y a aquellas personas sin formación o con estudios primarios.
PRECARIEDAD
En 2020 se realizaron 354.991 contratos a personas con discapacidad, lo que representa el 1,6% del total de la contratación en dicho ejercicio. Son 100.000 contratos menos que en 2019. Asimismo, se acentúa la precariedad y la inestabilidad del empleo de las personas con discapacidad y, tal y como recoge el informe, de los contratos ratificados en 2020, solo el 9,9% tenían carácter indefinido. A ello se une un índice de rotación del 2,25 y advirtió que se han registrado un total de 1.629 personas que fueron contratadas hasta 15 veces en el mismo ejercicio.
A su vez, el salario medio anual bruto de las personas con discapacidad es de 19.946,2 euros, un 17,3% menos que la población general. Desde 2010, ese salario se ha visto reducido en 607 euros, situación que no se reproduce en la población general, donde el incremento salarial es tenue pero constante.
Otro dato negativo que destaca el informe tiene que ver con la inestabilidad laboral del colectivo, que alcanza al 34%, frente al 8,9% en el conjunto de la población. Según Quifez, estas circunstancias suponen que el 32,5% de las personas con discapacidad vivan en riesgo de pobreza o exclusión social. Incluso entre aquellos que tienen empleo, dicho riesgo se sitúa en el 20,5% y hay 10.500 personas en situación de pluriempleo, que «deben compaginar varios trabajos para mantenerse», apostilló.