Pila Rojas, Presidenta de la Comisión de Integración Cultural y Diversidad de DCH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano
En su último Global Gender Gap Report, el Foro Económico Mundial sitúa a España en el puesto 29, cayendo cuatro posiciones desde el año anterior, y 18 desde la primera edición de 2006. Pareciera que, lejos de avanzar, nuestra sociedad estuviera perdiendo el tren de la igualdad desaprovechando el potencial del talento femenino. No sólo se trata de un derecho fundamental, la participación plena de la mujer en la vida pública nos conduciría a una economía más saludable.
Este icónico Real Decreto sobre Igualdad Laboral indica en su exposición de motivos, que “responde a la existencia de una clara voluntad y demanda social”. Efectivamente, nuestra sociedad exige un cambio hacia un escenario más igualitario. Así, El barómetro del CIS de febrero revela que casi el 90 por ciento de los españoles cree que aún quedan bastantes cosas que hacer para garantizar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
Sin embargo, nuestro problema de desigualdad es de tal envergadura, está tan arraigado en nuestra cultura y afecta a tantos ámbitos (violencia, salud, conciliación, participación política, carrera profesional…) que necesita una de una reflexión profunda en la que participen todos los agentes sociales.
La enorme relevancia que tiene este asunto no merece la precipitación con la que hemos vivido la aprobación de este Real Decreto. Recibimos con optimismo las medidas orientadas a erradicar cualquier forma de discriminación en el ámbito laboral, de todo punto inadmisible. No obstante, nos preocupa el desarrollo metodológico de estas medidas y su futuro próximo tras los nuevos comicios. El hecho de haber sido aprobadas sin un diálogo social más profundo y con escaso análisis del impacto presupuestario, no las colocan en las mejores condiciones para dejar de ser consideradas únicamente en clave política y electoral.
Como país, necesitamos actuar sobre las fuentes de la discriminación. Es preocupante que en pleno siglo XXI, la desigualdad entre hombres y mujeres continúe vigente en España. Por ello, es fundamental que este asunto no forme parte del catálogo de armas electorales y pase a estar en el centro del dialogo social.
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Pila Rojas, Presidenta de la Comisión de Integración Cultural y Diversidad de DCH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano
En su último Global Gender Gap Report, el Foro Económico Mundial sitúa a España en el puesto 29, cayendo cuatro posiciones desde el año anterior, y 18 desde la primera edición de 2006. Pareciera que, lejos de avanzar, nuestra sociedad estuviera perdiendo el tren de la igualdad desaprovechando el potencial del talento femenino. No sólo se trata de un derecho fundamental, la participación plena de la mujer en la vida pública nos conduciría a una economía más saludable.
Este icónico Real Decreto sobre Igualdad Laboral indica en su exposición de motivos, que “responde a la existencia de una clara voluntad y demanda social”. Efectivamente, nuestra sociedad exige un cambio hacia un escenario más igualitario. Así, El barómetro del CIS de febrero revela que casi el 90 por ciento de los españoles cree que aún quedan bastantes cosas que hacer para garantizar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
Sin embargo, nuestro problema de desigualdad es de tal envergadura, está tan arraigado en nuestra cultura y afecta a tantos ámbitos (violencia, salud, conciliación, participación política, carrera profesional…) que necesita una de una reflexión profunda en la que participen todos los agentes sociales.
La enorme relevancia que tiene este asunto no merece la precipitación con la que hemos vivido la aprobación de este Real Decreto. Recibimos con optimismo las medidas orientadas a erradicar cualquier forma de discriminación en el ámbito laboral, de todo punto inadmisible. No obstante, nos preocupa el desarrollo metodológico de estas medidas y su futuro próximo tras los nuevos comicios. El hecho de haber sido aprobadas sin un diálogo social más profundo y con escaso análisis del impacto presupuestario, no las colocan en las mejores condiciones para dejar de ser consideradas únicamente en clave política y electoral.
Como país, necesitamos actuar sobre las fuentes de la discriminación. Es preocupante que en pleno siglo XXI, la desigualdad entre hombres y mujeres continúe vigente en España. Por ello, es fundamental que este asunto no forme parte del catálogo de armas electorales y pase a estar en el centro del dialogo social.